El aislamiento social y obligatorio como remedio único para combatir el actual virus que acecha a la población en su conjunto, paralizo las actividades en su totalidad, incluida la actividad parlamentaria.

Esto, favoreció la demora en el tratamiento de una serie de proyectos legislativos que marcaban la agenda presidencial de excelencia. Sin embargo, se están llevando a cabo todos los medios necesarios para lograr comenzar a sesionar, aunque sea remotamente, y debatir las cuestiones de fondo previstas con necesidad de tratamiento parlamentario.

En este sentido, recientemente se dio a conocer que uno de los pilares sugerentes y provocativos que tendrá esta cartera legislativa será la de comenzar a implementar una reforma judicial de raíz, que tendrá como eje principal resolver el procedimiento penal y el contencioso administrativo, juntamente con el civil y comercial federal.

El proyecto incluye la creación de un consejo de expertos para revisar diversas dimensiones del Poder Judicial, entre ellas, el funcionamiento de la Corte Suprema.

En este marco, se prevé iniciar la reforma unificando la Cámara Federal y la Cámara del Crimen, y en la tercera instancia, la Cámara Nacional de Casación y su gemela, la federal.

Esto, consiste en que todos los jueces penales de la Capital Federal - Comodoro Py, instrucción ordinaria y Penal Económico - estén habilitados para intervenir en delitos federales.

La clara intención que lleva internamente la reforma es ordenar el sistema judicial actualmente vigente y desterrar los espacios de poder impenetrables que permitían a un numero cerrado de personas desplegar su poderío en detrimento de lo que resulte en realidad justiciable.

En este sentido, se ha dado a conocer que uno de los elementos para lograr este objetivo, será extender el fuero federal porteño, permitiendo incluir centenares de magistrados con atribuciones propias para intervenir en causas judiciales de diversa índole.

Sin dudas, la intervención de una mayor cantidad de magistrados, conforme el sistema propuesto, aceleraría visiblemente los plazos judiciales y procesales, que actualmente perjudican gravemente la llegada de la justicia a los hechos repudiables y se alejan perjudicialmente de la comunidad receptora.  

Otros de los núcleos a reformarse será el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, se estaría barajando la posibilidad de aumentar el número de jueces que integran la Corte argentina para continuar diseminando el poderío íntimamente concentrado. De igual forma, estas modificaciones traerán aparejadas transformaciones que tendrán lugar en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Dicha reforma, además, trae consigo la variación en el sistema acusatorio adversarial, donde se extingue la posibilidad de que los propios jueces que dan veredicto lleven a cabo la correcta investigación, recayendo tal tarea en la figura fiscal quien impulsara la inspección del hecho.

De esta manera, permite al Ministerio Público Fiscal ser protagonista en la intención de la averiguación del hecho y avanzar en la investigación contando con todas las herramientas necesarias a tales efectos, limitando al juez  a observar de forma pasiva e imparcial el proceso.

El empleo de este sistema llegaría a todos los juzgados del sistema judicial actual con competencia en todo el país, a pesar de que, conforme la implementación de los diferentes códigos de forma establecidos a nivel provincial, dicho sistema ya se encuentra incluido como método resolutorio.

No debe dejar de señalarse, que el trasfondo de la reforma es despolitizar la actual justicia argentina. Desde los principios de estos tiempos, se ha venido utilizando la justicia para dirimir los temas de índole política, dejando de lado toda garantía de independencia judicial.

Así las cosas, con esta reforma se pretende eludir la intervención judicial en la etapa de la instrucción del proceso, abracando su prerrogativa a ejercer un control constitucional a tales efectos, a fin de evitar que el propio magistrado que investigue lleve a cabo elementos probatorios que ellos mismos valoran al momento del pronunciamiento.

Todo lo expuesto, será profundamente estudiado y reflexionado por los expertos en esta naturaleza, pero es dable destacar que diferentes sectores del Poder Judicial han respaldado la reforma prevista. Por ello, se estima que ni bien se de inicio a las tareas legislativas de manera virtual se tratara este proyecto de reforma judicial, que aseguran, “ya esta listo”.